MINEROS MUERTOS EN ENFRETAMIENTO CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN CHALA CARAVELI AREQUIPA
Mineros informales mantenían el lunes bloqueada la principal carretera en el sur de Perú, en una protesta que ya ha dejado al menos seis personas muertas tras enfrentamientos con la policía y que abre un nuevo conflicto que empaña el vital sector económico del país.
Miles de mineros artesanales, principalmente productores de oro que iniciaron un paro indefinido el domingo, reclaman la derogatoria de varias leyes y un decreto de urgencia que afirman afectan su "único sustento de vida".
Las normas fueron aprobadas recientemente por el Gobierno del presidente Alan García para ordenar la actividad informal en el sector, que actúa sin planificación principalmente en zonas de la selva o ríos y contaminan el medio ambiente.
García, en un discurso al firmar contratos de suministro de energía con recursos renovables, afirmó que la minería informal no solo contamina los bosques y ríos, sino que también promueve la explotación de niños y genera prostitución.
"Queremos formalizar y ojalá se pudiera cooperativizar a los trabajadores pero con tecnología, con respeto social y sin desorden de trata de personas", afirmó el mandatario.
La actividad informal de extracción minera, que se realiza sin permisos legales ni medioambientales y con casi nulo cuidado de los trabajadores, ha aumentado fuertemente en los últimos años y puede representar entre el 10 y 20 por ciento de la producción aurífera actual del país, según expertos.
El domingo, tras enfrentamientos entre mineros y policías, seis personas murieron y 29 resultaron heridas, entre ellas 20 civiles y nueve suboficiales de la Policía Nacional del Perú, dijo el Ministerio de Interior en un comunicado.
El choque se produjo en la localidad de Chala, en la región de Arequipa, a poco más de 600 kilómetros al sur de Lima La minería formal es uno de los motores de la economía local y representa casi el 60 por ciento de las exportaciones del país sudamericano. Perú es el sexto mayor productor mundial de oro, el segundo de cobre y el primero de plata.
MINERIA SALVAJE
La manifestación fue convocada por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú para demandar la derogatoria de dos leyes y un decreto que dispone la creación de una zona de exclusión minera en Madre de Dios, frontera con Brasil, una de las regiones más contaminadas del país.
La norma prohíbe el uso de herramientas como dragas, que se utiliza para mover tierra del lecho en los ríos y que suponen un peligro para el medioambiente.
"Algún día Brasil puede organizar una protesta contra nosotros porque todo lo que sale de Madre de Dios termina en Brasil o termina en el río Amazonas", afirmó García.
"¿Cómo vamos a explicar que hemos permitido una minería salvaje que no paga impuestos, que no paga salarios, que no utiliza una tecnología moderna (...) y permitir que se continue contaminando brutalmente la Amazonía del país?", agregó.
El ministro del Interior, Octavio Salazar, dijo el lunes que los mineros mantienen bloqueados tres kilómetros de la carretera Panamericana, la principal vía en la costa sur para el transporte de vehículos hacia Lima y el norte del país.
"Vamos a despejar la vía en las próximas horas (...) se tiene que respetar el derecho de tránsito", advirtió Salazar en declaraciones a periodistas.
El líder de los mineros artesanales, Teódulo Medina, acusó al primer ministro Javier Velásquez de haber incumplido acuerdos alcanzados para formalizar al sector, que agrupa a unos 300.000 trabajadores, según su gremio "El ha mentido al país, nos ha mentido a los mineros artesanales, nos ha mecido durante un año con la mesa de diálogo", dijo el dirigente minero a la radio local RPP.
La explotación de la riqueza natural peruana suele despertar choques entre el Gobierno y las comunidades.
En junio pasado, los planes del Gobierno del presidente García de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron semanas de violentas protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron más de 30 personas, entre policías e indígenas.
Para sofocar las mayores manifestaciones enfrentadas por el Gobierno, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.
Miles de mineros artesanales, principalmente productores de oro que iniciaron un paro indefinido el domingo, reclaman la derogatoria de varias leyes y un decreto de urgencia que afirman afectan su "único sustento de vida".
Las normas fueron aprobadas recientemente por el Gobierno del presidente Alan García para ordenar la actividad informal en el sector, que actúa sin planificación principalmente en zonas de la selva o ríos y contaminan el medio ambiente.
García, en un discurso al firmar contratos de suministro de energía con recursos renovables, afirmó que la minería informal no solo contamina los bosques y ríos, sino que también promueve la explotación de niños y genera prostitución.
"Queremos formalizar y ojalá se pudiera cooperativizar a los trabajadores pero con tecnología, con respeto social y sin desorden de trata de personas", afirmó el mandatario.
La actividad informal de extracción minera, que se realiza sin permisos legales ni medioambientales y con casi nulo cuidado de los trabajadores, ha aumentado fuertemente en los últimos años y puede representar entre el 10 y 20 por ciento de la producción aurífera actual del país, según expertos.
El domingo, tras enfrentamientos entre mineros y policías, seis personas murieron y 29 resultaron heridas, entre ellas 20 civiles y nueve suboficiales de la Policía Nacional del Perú, dijo el Ministerio de Interior en un comunicado.
El choque se produjo en la localidad de Chala, en la región de Arequipa, a poco más de 600 kilómetros al sur de Lima La minería formal es uno de los motores de la economía local y representa casi el 60 por ciento de las exportaciones del país sudamericano. Perú es el sexto mayor productor mundial de oro, el segundo de cobre y el primero de plata.
MINERIA SALVAJE
La manifestación fue convocada por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú para demandar la derogatoria de dos leyes y un decreto que dispone la creación de una zona de exclusión minera en Madre de Dios, frontera con Brasil, una de las regiones más contaminadas del país.
La norma prohíbe el uso de herramientas como dragas, que se utiliza para mover tierra del lecho en los ríos y que suponen un peligro para el medioambiente.
"Algún día Brasil puede organizar una protesta contra nosotros porque todo lo que sale de Madre de Dios termina en Brasil o termina en el río Amazonas", afirmó García.
"¿Cómo vamos a explicar que hemos permitido una minería salvaje que no paga impuestos, que no paga salarios, que no utiliza una tecnología moderna (...) y permitir que se continue contaminando brutalmente la Amazonía del país?", agregó.
El ministro del Interior, Octavio Salazar, dijo el lunes que los mineros mantienen bloqueados tres kilómetros de la carretera Panamericana, la principal vía en la costa sur para el transporte de vehículos hacia Lima y el norte del país.
"Vamos a despejar la vía en las próximas horas (...) se tiene que respetar el derecho de tránsito", advirtió Salazar en declaraciones a periodistas.
El líder de los mineros artesanales, Teódulo Medina, acusó al primer ministro Javier Velásquez de haber incumplido acuerdos alcanzados para formalizar al sector, que agrupa a unos 300.000 trabajadores, según su gremio "El ha mentido al país, nos ha mentido a los mineros artesanales, nos ha mecido durante un año con la mesa de diálogo", dijo el dirigente minero a la radio local RPP.
La explotación de la riqueza natural peruana suele despertar choques entre el Gobierno y las comunidades.
En junio pasado, los planes del Gobierno del presidente García de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron semanas de violentas protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron más de 30 personas, entre policías e indígenas.
Para sofocar las mayores manifestaciones enfrentadas por el Gobierno, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.
(Reporte de Marco Aquino y Patricia Vélez. Editado por Silene Ramírez).
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